¿Por qué cinco equipos se negaron a instalar el GPS que exigía la UCI?

El Tour de Romandía Féminin 2025 comenzó marcado por la polémica. Cinco equipos (Lidl-Trek, Visma–Lease a Bike, Canyon–SRAM Zondacrypto, EF Education–Oatly y Picnic PostNL) fueron descalificados antes de tomar la salida tras negarse a cumplir la orden de la UCI de instalar un nuevo dispositivo de rastreo GPS en sus bicicletas. Pero ¿por qué sucedió?

“Colaboración, no coerción”: los cinco equipos explican por qué rechazaron el GPS de la UCI

El organismo internacional había presentado este proyecto piloto como un avance en seguridad, destinado a ofrecer datos en tiempo real a los comisarios, la organización y los servicios médicos, con la vista puesta en el Mundial de Ruta de Kigali, donde todos los corredores llevarán un dispositivo similar. Sin embargo, la manera en que se intentó implantar generó un choque frontal con varios equipos del pelotón.

Los equipos argumentaron que no se oponían a la mejora de la seguridad, pero cuestionaron la forma en que la UCI impuso el sistema. Según el reglamento específico del test, cada escuadra debía elegir a una sola corredora para portar el aparato, algo que las formaciones consideraron injusto y discriminatorio. “El equipo no seleccionará a una corredora para llevar el dispositivo, ya que eso la pondría en desventaja frente a las demás, lo que es claramente discriminatorio”, señalaron en una carta enviada a la UCI.

Otro punto conflictivo fue la responsabilidad legal en caso de problemas técnicos o accidentes. Los equipos se negaron a que sus mecánicos manipularan los aparatos y dejaron claro que, si la UCI insistía, debía ser su propio personal quien asumiera la instalación y el mantenimiento “bajo su total responsabilidad”. Tal y como explicaron en su comunicado: "Nosotros no elegiríamos a una corredora, ni instalaríamos, retiraríamos o mantendríamos el dispositivo. La UCI o su socio eran libres de seleccionar a una corredora e instalar el dispositivo bajo su propia responsabilidad si consideraban que tenían derecho a hacerlo".

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Además, los equipos recordaron que ya existe un sistema alternativo de seguimiento, desarrollado por Velon, operativo en todo el pelotón y probado en grandes carreras. Aseguraron que lo habían ofrecido a la UCI como vía de colaboración, pero que el organismo prefirió avanzar de manera unilateral. "A pesar de nuestra cooperación y de la existencia de un sistema de seguimiento de seguridad probado y colaborativo, ya testado con éxito en otras grandes carreras, la UCI ha decidido imponer esta medida sin un consentimiento claro, amenazar con la descalificación y ahora excluirnos de la competición",denunciaron.

Desde la federación, la respuesta fue tajante. La UCI calificó de “sorprendente” la negativa de los equipos y sostuvo que “socava los esfuerzos de toda la familia ciclista por garantizar la seguridad de los corredores”. Según el organismo, el dispositivo de apenas 63 gramos es clave para avanzar en protocolos que permitan reaccionar con rapidez ante caídas o desapariciones, como la que costó la vida a la joven Muriel Furrer en 2024, cuando pasó más de una hora sin ser localizada tras un accidente en el Mundial junior de Zúrich.

En un comunicado, la UCI aseguró: “Es deplorable presenciar la negativa de ciertos equipos a avanzar conjuntamente para proteger la seguridad de las ciclistas.”

El desencuentro dejó fuera de carrera a 30 ciclistas, entre ellas nombres de peso como Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon–SRAM), Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) o las canadienses Isabella Holmgren y Magdeleine Vallières. El pelotón perdió así a varias de sus favoritas justo antes de comenzar la contrarreloj inaugural.

Mientras la UCI insiste en que la implantación del GPS es un paso ineludible en la evolución de la seguridad, los equipos afectados reclaman diálogo real y reglas claras. "Siempre estamos a la vanguardia para hacer del ciclismo un deporte más seguro, pero esto debe lograrse mediante la colaboración, no mediante la coerción” concluyeron en su comunicado conjunto.

Lo sucedido en Romandía evidencia una tensión creciente entre los intereses de la federación internacional y los equipos profesionales, que reclaman ser escuchados en decisiones que afectan directamente a la seguridad de las y los ciclistas.