Europa tiene un problema con las e-bikes ilegales y los fabricantes piden actuar ya
La industria europea de la bicicleta vuelve a cerrar filas contra las e-bikes trucadas y los modelos que incumplen la normativa. European Cycling Industries (ECI) acaba de publicar un nuevo Manifesto for a Safe and Compliant EU Market, respaldado por representantes del sector, con el que reclama a las instituciones europeas medidas mucho más contundentes contra las bicicletas eléctricas ilegales, los kits de deslimitación y, especialmente, los productos que llegan al mercado europeo a través de plataformas online sin cumplir las mismas exigencias que los fabricantes establecidos en la UE.
La industria pide prohibir los kits para deslimitar e-bikes en toda Europa
La preocupación no es nueva. Ya explicamos en 2020 los riesgos legales y de seguridad que supone modificar o deslimitar una e-bike y, cuatro años después, los principales fabricantes comenzaron a endurecer las medidas técnicas para impedir que sus motores pudieran ser trucados. El nuevo manifiesto supone ahora un paso más y la industria quiere que las propias instituciones europeas intervengan para cerrar las vías por las que estos productos siguen llegando al mercado.
El punto más directo del manifiesto es la petición de prohibir en toda la Unión Europea la venta de kits destinados a manipular las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido (EPAC).
La legislación europea mantiene fuera de la categoría de vehículos a motor a las bicicletas de pedaleo asistido que cumplen determinadas condiciones, entre ellas una potencia nominal continua máxima de 250 W y que la asistencia se interrumpa antes de superar los 25 km/h. Precisamente ese estatus permite que una e-bike convencional pueda utilizarse, con las particularidades de cada legislación nacional, esencialmente como una bicicleta y sin las obligaciones propias de un ciclomotor.
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El problema aparece cuando se modifica el sistema para eliminar esas limitaciones. Como ya explicamos anteriormente en Brújula Bike, una bicicleta manipulada puede dejar de cumplir los requisitos bajo los que fue comercializada como e-bike y entrar en un marco legal completamente distinto.
ECI pone como ejemplo a Francia, donde la legislación ya permite actuar contra este tipo de manipulaciones, y reclama que el resto de Europa siga una línea similar. Además de prohibir los kits, pide retirarlos de los marketplaces, perseguir a los vendedores reincidentes e informar claramente a los usuarios sobre las consecuencias de modificar una e-bike.
El problema ya no son únicamente las e-bikes trucadas
Una de las novedades importantes del manifiesto es que amplía considerablemente el foco. La industria ya no señala únicamente al usuario que modifica posteriormente una bicicleta homologada, sino también a e-bikes que llegan directamente al mercado europeo sin cumplir sus requisitos técnicos y de seguridad.
ECI pone especialmente el foco en el comercio electrónico y en vendedores situados fuera de la Unión Europea. Según el organismo, determinados productos llegan directamente al consumidor mediante grandes plataformas online sin que exista necesariamente dentro de la UE un operador claramente responsable de garantizar su conformidad.
Por ello, el manifiesto propone cuatro grandes medidas:
- Prohibir en toda la UE la venta de kits de manipulación de e-bikes.
- Crear una base de datos europea sobre bicicletas eléctricas no conformes, modificaciones, accidentes relacionados y efectos económicos.
- Reforzar y homogeneizar la vigilancia del mercado europeo, incluyendo las ventas online.
- Dotar a policías y autoridades locales de formación y medios técnicos para reconocer una e-bike ilegal o manipulada.
Entre las propuestas más contundentes está considerar legalmente a los marketplaces como operadores económicos, de manera que puedan asumir responsabilidades por facilitar la venta de kits de deslimitación, servicios digitales destinados a superar los límites legales o bicicletas que incumplan las normas europeas. ECI también pide que los productos importados tengan un representante responsable establecido dentro de la UE al que se pueda exigir responsabilidad en situaciones como incendios de baterías o fallos estructurales.
Los fabricantes también quieren proteger el estatus actual de las e-bikes
Detrás de estas peticiones hay obviamente una cuestión de seguridad. Una bicicleta diseñada para funcionar dentro de unos determinados parámetros puede enfrentarse a esfuerzos, velocidades y situaciones diferentes cuando esos límites se modifican. Además, un accidente protagonizado por una bicicleta manipulada puede acabar afectando a la percepción pública de las e-bikes y a la reputación de fabricantes que originalmente comercializaron productos completamente legales.
Pero hay otro asunto especialmente importante para la industria: evitar que la proliferación de bicicletas ilegales termine provocando una regulación más severa para todas las e-bikes.
No es un temor nuevo. En 2024 ya recogimos cómo fabricantes como Bosch y Brose estaban reforzando sus sistemas contra las manipulaciones. Entonces, Claus Fischer, responsable de Bosch, llegó a definir el límite de 25 km/h como "nuestro tesoro", precisamente porque conservar esa consideración de bicicleta permite mantener las e-bikes convencionales fuera de obligaciones propias de otros vehículos a motor.
El debate regulatorio tampoco es nuevo. Ya en 2020 contamos que la Comisión Europea revisaba distintos aspectos del marco aplicable a las bicicletas eléctricas. Desde entonces, la frontera regulatoria sigue siendo esencial: mientras una EPAC convencional permanece dentro de sus límites legales, mantiene su consideración de bicicleta; cuando los supera, puede pasar a estar sometida a las normas correspondientes a otras categorías de vehículos.
Eso no significa que actualmente exista una propuesta de la Unión Europea para obligar a matricular y asegurar todas las e-bikes convencionales. De hecho, cuando Europa reformó su normativa sobre seguros de vehículos decidió excluir expresamente a las bicicletas eléctricas de esa obligación general. Sin embargo, la posibilidad de que un aumento de vehículos modificados, más rápidos o directamente no conformes lleve en el futuro a las administraciones a endurecer las reglas es precisamente uno de los escenarios que la industria lleva años tratando de evitar.
Para los fabricantes, una regulación que acercase las e-bikes convencionales al régimen de ciclomotores —con seguro, matriculación u otras obligaciones adicionales— introduciría nuevas barreras de acceso y podría perjudicar uno de los principales atractivos de este tipo de bicicletas: poder ampliar las posibilidades del ciclismo manteniendo, mientras se respeten sus límites legales, la consideración de bicicleta.
Más seguridad, pero también una cuestión de competencia
El manifiesto incorpora además un importante componente económico. Los fabricantes europeos invierten en desarrollo, ensayos, certificaciones, trazabilidad, controles de calidad y servicio posventa. ECI considera injusto que tengan que competir con productos considerablemente más baratos precisamente porque sus vendedores eluden parte de esas obligaciones.
Según los datos que recoge ECI, la industria ciclista europea sostiene alrededor de 1,3 millones de empleos, aporta unos 21.000 millones de euros al PIB de la Unión Europea y cuenta con más de 1.000 pequeñas y medianas empresas dentro de su cadena de suministro. Por eso, el organismo plantea el problema no sólo desde la seguridad vial, sino también desde la competencia, el empleo y la capacidad industrial europea.
El mensaje final del nuevo manifiesto es bastante claro: la industria quiere mantener la bicicleta eléctrica dentro del marco que ha favorecido su expansión, pero para hacerlo considera necesario separar de forma mucho más efectiva las e-bikes legales de aquellos vehículos que simplemente tienen apariencia de bicicleta eléctrica o que han sido modificados posteriormente para superar los límites establecidos.